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Prestaciones y servicios



La organización del ejercito dependía de la voluntad del monarca; en él preponderaba la caballería sobre la infantería, y luchaban con la espada, la lanza y la maza, usando como armas defensivas el escudo y la armadura.
La base del sistema tributario, por lo que a las prestaciones de carácter real se refiere, era el diezmo o décima parte de los productos de toda propiedad que su dueño estaba obligado a satisfacer para el sostenimiento de las cargas públicas. A su lado existía el impuesto de aduanas, cuya cuantía solía ser del 10 por 100 de las mercaderías importadas o exportadas, figurando también como ingresos la confiscación, muy usada entre los árabes, las propiedades que correspondían al fisco cuando no existían herederos legítimos, y la quinta parte del botín
de guerra.

Del producto de los impuestos, se hacían tres partes: una para el sostenimiento de las cargas públicas, otra para las mezquitas, huérfanos y viudas, y la última para las necesidades extraordinarias o imprevistas. Las mezquitas constituían la principal institución religiosa de los musulmanes, sobre cuyas creencias hemos hecho ya las oportunas indicaciones.

El gobierno de las mismas correspondía a sacerdotes, encargados no sólo del culto, sino también de la dirección de la enseñanza y de la administración de justicia. Los imanes presidían la oración y dirigían la palabra a los creyentes, a los cuales llamaban desde los minaretes de las mezquitas, para que se congregasen en ellas a orar.

Especialmente en la época de esplendor del califato, fue grande la cultura de los árabes, sobre todo la de los árabes de origen, mucho más ilustrados que las tribus de bereberes, que tanto contribuyeron a la conquista de nuestro suelo. El esplendor que entonces consiguiera el califato, casi desapareció al ocurrir las invasiones de los almorávides y de los almohades, si bien volvió a aparecer de nuevo en el reino de Granada.

Cultivaron los árabes la poesía y la literatura, así como las ciencias filosóficas y exactas, sobresaliendo en el conocimiento de la aritmética y del álgebra. Las ciencias naturales no tuvieron gran desarrollo entre los musulmanes, debido, sin duda, a que por el Corán les estaba prohibido la representación de la naturaleza viva.

La medicina, a la que se dedicaron bastante, tenía más de nigromántica que de racional.

Aun cuando no era muy dado el pueblo árabe a las faenas agrícolas, España les es deudora en esta materia de grandes beneficios, debiéndose quizás el desarrollo que siempre ha tenido en las regiones de Levante la agricultura, al sistema de riegos que ellos implantaron.

Los judíos vivieron siempre entre los musulmanes, a los cuales merecieron algunas consideraciones, tanto por las afinidades que entre la religión de unos y otros existían, como por el auxilio que en la conquista de España les prestaran.

De aquí que no sólo respetaran el ejercicio de su culto, sino que gozaran de cierta autonomía en cuanto al régimen interior de las colectividades que formaban dentro de las mismas poblaciones muslímicas.

En cuanto a los mozárabes, si en un principio se les respetó su culto y se les concedieron ciertas libertades, estando sólo sujetos al pago de un fuerte impuesto, bien pronto cambió su situación, llegando en algunos momentos a ser cruelmente perseguidos.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".



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Concentración del poder supremo



La misión de recaudar los impuestos y atender con su importe a las necesidades públicas, se hallaba también encomendada a funcionarios especiales.

Aceptaron los árabes al conquistar España, la división en regiones o provincias que existía; pero al constituirse el califato hubieron de organizarla nuevamente, dividiéndola en seis provincias mayores (Córdoba, Granada, Valencia, Zaragoza, Toledo y Mérida), y en otras varias de inferior categoría.
Las provincias, se hallaban gobernadas por un wali, delegado del califa, con facultades civiles y militares; existiendo también en ellas funcionarios encargados de la administración de justicia, encargados de cobrar el impuesto de aduanas, almotaríes, fieles pesadores, o almotaceaes, etcétera, etc. El poder omnímodo que estos walíes llegaron a ejercer, fue una de las causas que más contribuyeron a la destrucción del califato, sobre cuyas ruinas se erigieron aquella serie de pequeños reinos, conocidos en la historia con el nombre Estados de Taifas, más propios para
satisfacer la ambición de los walíes, que se proclamaron señores de ellos, que para sostener el poder de los musulmanes.

En cuanto al régimen municipal, puede afirmarse que no existía entre los árabes, ni era posible que existiera, dado el principio autoritario que informaba toda su vida política y administrativa. Es cierto que los encargados por los califas del gobierno de las ciudades, solían en ocasiones oír el consejo de los ancianos o de los principales; pero esto no suponía en manera alguna otra cosa que un tributo de consideración, rendido a aquellos que habían de  contribuir, en primer término, al sostenimiento de las cargas públicas, pues las libertades municipales con el carácter con que existieron en los reinos cristianos, no fueron jamás conocidas de los musulmanes.

Existieron entre los árabes diversos impuestos, unos de carácter personal y otros de carácter real.
Entre los primeros, figuraba el servicio militar, y los que son indispensables para la existencia de todo ejército, bagajes, transportes, alojamientos, etc. Según el Corán, todos los creyentes están obligados a hacer la guerra a cuantos no profesen la religión mahometana, hasta conseguir exterminarlos o verlos sometidos, de donde se deduce que el servicio militar pesaba entre los árabes sobre todos aquellos que tuvieran aptitud para empuñar las armas, siendo atribución del califa el determinar el número de ellos que en cada caso particular debían hacer la guerra. La idea de los ejércitos permanentes, no fue desconocida de los musulmanes, pues especialmente desde la constitución del califato, existió una especie de guardia, puesta a las inmediatas órdenes del soberano, y formada unas veces de renegados y otras de árabes o de africanos.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".



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Organización político-administrativa


En cuanto a la organización político-administrativa de los árabes, debe distinguirse la administración central de la provincial y local, y examinar después los distintos servicios públicos que fueron establecidos, las instituciones religiosas y los elementos de cultura todos que trajeron a nuestro suelo.
El poder central se ejerció primero por los emires dependientes de Damasco, y sucesivamente por los emires independientes, los califas y los reyes de los pequeños Estados, creados a la desmembración del califato.

El jefe supremo, fue en todos los momentos de la vida del pueblo árabe, la representación de todos los poderes, tanto en el orden civil como en el religioso, debido al carácter de sumo sacerdote que siempre tuvo. Conviene, sin embargo, observar, que nunca tuvieron, en el riguroso sentido de la palabra, facultades legislativas ni judiciales los emires ni los califas, pues no existiendo entre los árabes otra ley que el Corán, no cabía la existencia de leyes nuevas, ni era posible que otros que los especialmente consagrados a interpretar, el libro sagrado, fueran los que aplicaran sus preceptos en la resolución de los asuntos judiciales. De suerte, que, reuniendo el jefe del poder supremo en su mando el poder civil, el militar y el religioso, si alguna limitación tenía, era sólo bajo este último aspecto.

En cuanto a la transmisión del poder supremo, nada se dice en el Corán, y los resultados  que tal vaguedad produjo en la vida toda del pueblo árabe, lo demuestra los disturbios ocurridos a la muerte de Mahoma entre los varios que aspiraron a sucederle, y que estuvieron a punto de destruir la unidad que el profeta había conseguido dar a su pueblo. Con el tiempo hubo de establecerse un sistema mixto, de hereditario, electivo, santuario, etc., pues de ordinario se concedió el califato al patriarca de la familia a que perteneciera el anterior, combinando esto con una especie de asociación hereditaria, hecha en vida por los soberanos, y aun con indicaciones respecto de los que habían de sucederles, después de su muerte. Esta falta de un principio definido sobre la materia, fue causa de la larga serie de asesinatos y destronamientos, que registra la historia de los soberanos musulmanes.

En cuanto a la organización política y administrativa del pueblo musulmán, conviene tener presente que al monarca, cualquiera que fuese su nombre, correspondían las facultades todas del poder central, facultades que desempeñaron siempre los califas de Oriente, sin tener a su lado consejo alguno. Por el contrario, en España, desde los tiempos de Abderrahman III, existió el Mexuar, cuyas facultades no aparecen bien determinadas, compuesto de los jefes de las tribus, que habían contribuido á la conversión del emirato en califato. Como formaban parte del Manar sólo aquéllos que el califa designaba, como sólo se oía su opinión en los asuntos que el jefe del Estado determinaba, y como éste, por último, era dueño de atemperar o no sus actos al parecer de tal consejo, se comprende cuan limitada había de ser su influencia en el manejo de los asuntos públicos.

Al lado de este elemento consultivo, existía una serie de funcionarios, encargados de dirigir la administración pública, bajo las órdenes del Agifo o primer ministro, cuyas funciones, como delegadas del monarca, eran más o menos extensas, según a la voluntad de éste convenía.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".



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Clases y elementos sociales



Según el principio, reconocido por todos los pueblos antiguos, de que aquél que conquistaba un país, se hacía dueño de todo su territorio, por el sólo hecho de dominarlo, los árabes se apoderaron de nuestro suelo, si bien parte de él hubieron de dejarlo en poder de los vencidos, mediante el pago de una contribución.

Los elementos sociales del pueblo árabe, son, de un lado, la representación del poder central, ejercida primero por los emires, más tarde por los califas, y últimamente por los soberanos de los pequeños Estados de Taifas; de otro, la nobleza, genuina representación del elemento árabe; el que en cierto sentido pudiéramos denominar sacerdotal, y, por último, la masa general del pueblo creyente, en oposición de los mozárabes y de los judíos.

El poder central lo ejercía el jefe del poder supremo, cualquiera que fuese su nombre, compartiéndolo en cierto modo con la nobleza, la cual, en algunos momentos, llegó á tomar algo del carácter feudal con que aparecía a la sazón en los reinos cristianos. De su seno salían los altos funcionarios de la administración central y provincial, siendo la vaguedad, que en punto a la manera de suceder al poder supremo, existía entre los árabes, causa del desarrollo e importancia que la nobleza llegó a adquirir, pues los califas tuvieron que halagar a sus parciales, con objeto de asegurar el logro de sus ambiciones.

Los imanes, santones, el elemento sacerdotal, en una palabra, eran los únicos depositarios de los libros sagrados, dirigían la oración y tenían a su cargo la enseñanza, a la vez que desempeñaban funciones judiciales, de donde se deduce que la influencia que entre los suyos ejercían, más bien fue debida al carácter civil de algunas de sus funciones, que al de las religiosas.

La masa general de los creyentes, se componía, en su mayoría, de los bereberes, que acompañaron a los árabes en su venida a España, y fueron los que llevaron el peso de la conquista de nuestro suelo. Esa masa de creyentes, gozaba de ciertos derechos civiles, pero sin tenerlos garantizados de un modo estable. A su lado figuraban los mozárabes. En un principio, les fue respetado su culto, y aun disfrutaron de cierta independencia, pero bien pronto su situación fue por todo extremo triste, y aun en algunos momentos hubieron de ser objeto de crueles persecuciones, pudiendo afirmarse que jamás ejercieron influencia alguna en el orden político.

Tampoco ejercieron influencia alguna en este orden los judíos, que, de ordinario, fueron mejor mirados que los cristianos, tanto porque su religión se diferenciaba menos del islamismo que la nuestra, cuanto porque en cierto modo habían ayudado a la conquista de España.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".



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Reseña general de los sucesos referentes a la España musulmana



Hemos dicho que los árabes invadieron España por el año 711, y que su dominación duró hasta el año 1492, en que tuvo lugar la toma de Granada. Durante todo ese lapso de tiempo, no fue la misma la organización social y política que dieron al territorio sometido a su poder. En un principio no existió realmente un poder central al frente de sus dominios, sino que ejercía el mando de las distintas provincias en que dividieron la España, un emir, especie de gobernador, delegado del califa de Damasco, jefe supremo de todos los dominios musulmanes. Pero si tal organización fue bastante para satisfacer las necesidades de los invasores en los primeros tiempos, más tarde, el gran desarrollo que adquirieron sus conquistas, la dificultad de comunicaciones entre España y Damasco y las rivalidades que entre unos y otros emires se despertaron, hicieron preciso un cambio de gobierno.

Tenía lugar a la sazón en Oriente la célebre lucha de los Abasidas y los Omeyas, y entendiendo los árabes españoles que el joven Abderrahman, último descendiente de la familia de los Omeyas, reunía especiales condiciones para crear en nuestra patria un centro de cultura y de civilización, que llegara a competir con el de Damasco, le proclamaron califa en el año 755. Desde entonces, fue el califa el verdadero centro de unión de todas las aspiraciones de los árabes españoles, y si continuaron los emires al frente de las provincias, fué dependiendo ya del califa de Córdoba. Las principales provincias árabes fueron Toledo, Mérida, Zaragoza, Valencia y Murcia.

Las excepcionales dotes de Abderraman III, y de su hijo Alhaken, consiguieron engrandecer el califato, hasta el punto de realizarse casi el pensamiento que concibiera Ábderrahnian I de crear en Occidente un centro árabe que superara en esplendor al de Damasco, pero su florecimiento fue bien pasajero. Ya en el año 1004, algunos walíes se negaron a obedecer las órdenes del califa, iniciándose de tal suerte el movimiento, que dio por resultado la total ruina del califato en 1031, y la creación de los pequeños Estados de Taifas.

La invasión de los almorávides primero, y la de los almohades después; la creación del reino de Granada y su conquista, por Fernando el Católico, son los hechos capitales a que debemos aludir, después de los indicados, para terminar la indicación rapidísima, pero bastante a nuestro propósito, que nos proponíamos hacer de la dominación árabe.

Respecto de las personas, existían una serie de distinciones entre los musulmanes. Con efecto, según ellos, había creyentes y no creyentes, diferencia que no sólo lo era bajo el punto de vista religioso, sino también en consideración a la raza: entre los primeros había árabes y bereberes, siendo hasta el establecimiento del califato, en cuyo tiempo vinieron a nuestro suelo las principales familias que en Damasco constituían el partido vencido de los Omeyas, mucho mayor el número de éstos, que el de aquéllos; los no creyentes eran los cristianos, que se conservaban fieles a su religión, mozárabes, los que de ella habían renegado, y los judíos; los creyentes y no creyentes, podían también ser libres y esclavos.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".



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Mahoma y la invasión musulmana II


Otro de los principios cardinales de esta doctrina, es la afirmación de que siempre existirá en el mundo un
representante de Dios, el cual, asistido de continuo por la Providencia, velará por la propagación de la doctrina.
Mahoma predicaba la inmortalidad del alma, pero uno de sus mayores errores consistió en suponer que esa vida futura que en último término había de tener el alma, era una vida de carácter puramente mundano.



Otro de los principios predicados por Mahoma, fue la creencia de que todos los hechos se llevaban a cabo por estar así trazados en la mente de la Providencia. El fatalismo más exagerado fue, pues, uno de los principios sobre que descansaron las predicaciones de Mahoma, y ese fatalismo fue causa en más de una ocasión del quietismo y de la indiferencia que caracteriza en la historia al pueblo árabe.

En el Koran, libro en el que se reunieron las predicaciones del profeta, se encuentran algunos de los principios fundamentales de las diversas religiones que entre los árabes existían; en él aparecen preceptos del Cristianismo, del judaísmo, y aun de las primitivas creencias árabes, mezcladas con una porción de reglas, higiénicas las unas, morales las otras, de todos los órdenes, en una palabra.
Las prácticas religiosas propias de la religión árabe, son: la oración, acompañada de abluciones y de zalemas, el ayuno, la limosna, la peregrinación a la Meca, los sacrificios, en ciertos casos, y la guerra santa. Las abluciones deben hacerse con agua, y caso de no haberla, con arena; el ayuno consiste en no comer nada durante el día, y sí en la noche, y en la abstinencia de ciertos alimentos; la limosna, que es la protección al huérfano y a la viuda, y la hospitalidad a toda clase de gentes; y la guerra santa, como medio de propagar la doctrina.

Para que todo en el Koran sea vago e indeterminado, nada se dice en él respecto de la sucesión en la jefatura de los creyentes, lo cual pudo dar origen a la muerte de Mahoma a que desapareciera la unidad que éste había conseguido dar a su pueblo, pues muerto sin designar sucesor, fueron varios los que pretendieron serlo.

Designado al fin Abou-Bekre, extendieron los árabes su dominación con la conquista de la Siria, la Persia y el Egipto, desde donde se corrieron por la parte septentrional del África intentando atravesar el Mediterráneo y desembarcar en España, si bien con resultado negativo, en los tiempos de Wamba.

Sometidos completamente los bereberes que poblaban el Norte de África, región llamada por los árabes Al-Magreb, creyeron llegado el momento de extender sus conquistas por Europa; y, al efecto, bien por su propio impulso, como decimos, bien cediendo a las excitaciones de los hijos de Witiza, o de los hebreos que huyeron al África, desembarcaron en nuestro suelo, y en una sola batalla destrozaron el poder de los visigodos, haciéndose dueños de casi todo el reino, pues las pocas ciudades que, como Mérida, Tarragona y Toledo, presentaron alguna resistencia, cedieron pronto ante el empuje de los árabes, siendo seguro que éstos se hubieran extendido por el resto de Europa, a no haberles cerrado el paso los francos guiados por Carlos Martell en las llanuras de Poitiers.

Realizada la conquista de España por los musulmanes, los hispanos se encontraron ante una dominación de caracteres bien diversos a las que hasta entonces sufrieran, pues era el pueblo árabe totalmente distinto del nuestro en origen, religión, lengua, usos, costumbres, etc.,  lo cual explica que, repuestos los españoles de la sorpresa que les produjera el rápido triunfo de los árabes, comenzaran a rechazarlos, y sostuvieran con ellos esa lucha titánica de ocho siglos, que constituye la gran epopeya de la reconquista.

La especial situación en que por consecuencia de la invasión musulmana, se encontró España, hace que tengamos que variar el método seguido hasta aquí, pues de un lado es preciso examinar lo que fue el derecho en las comarcas dominadas por los árabes, y de otro debemos estudiar lo que el derecho fue dentro de los reinos cristianos, que bien pronto surgieron, como protesta viva contra el poder de la media luna.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".



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Mahoma y la invasión musulmana I


Al realizarse la invasión de los árabes,  se abre paso en la historia de nuestra patria un nuevo elemento, y como siempre que esto ocurre, debemos hacer algunas consideraciones respecto de sus antecedentes.
La vida del pueblo árabe no es bien conocida hasta el siglo VII. De ella sólo sabemos, que en la península arábiga bañada por el mar Rojo y el de las Indias, vivían varias tribus, pertenecientes unas al elemento autóctono de la Arabia, otras a la raza de Jectan, y otras de origen ismaelita, de organización, usos y costumbres análogas, aun cuando no iguales, y que en una de ellas, la de los koreichitas, nació Mahoma, personaje que logró dar a tales tribus, no sólo una nueva religión, sino la unidad bastante para constituir un pueblo fuerte.


Dedicado Mahoma durante su juventud al comercio, tuvo ocasión de conocer y estudiar la organización de los pueblos situados en la parte oriental de Asia y occidental de África. Después de madurado el pensamiento en el retiro que voluntariamente se impuso en el desierto, comenzó a predicar la nueva doctrina, y a buscar adictos, primero en su familia, y más tarde en la tribu a la que pertenecía. Como encontrara oposición en su tribu, huyó seguido de varios discípulos a Yatrib, llamada desde entonces Medina, ciudad del profeta. La huida de Mahoma desde la Meca a Medina, sirve de cómputo para la cronología de los árabes. En Medina, pues, continuó propagando su doctrina, afirmando que lo hacía por ser el continuador de la misión  desempeñada primero por Moisés y más tarde por Jesucristo, y que no venía a inventar creencia religiosa alguna,  sino a continuar la misión providencial que dentro del pueblo hebreo habían tenido Moisés y Jesucristo.

Se cuenta que cuando Mahoma empezaba sus predicaciones, y como encontrara oposición de parte de los sacerdotes coraixitas, alarmada su familia por el resultado que pudiera tener para ella tal oposición, hubo de decirle uno de sus parientes: 
«Si tratas de buscar prosélitos como medio de obtener dinero, yo te lo daré; y si eres un loco, es preciso curarte.» 
A lo cual contesta Mahoma que no quería dinero, porque despreciaba las riquezas, y que no era un loco, porque con la predicación de sus doctrinas cumplía la misión que Dios le había señalado. Varios son los principios fundamentales sobre los cuales descansa la religión predicada por Mahoma. El primero de ellos es la unidad de Dios. Mahoma, según sus propias palabras, «creía en un sólo Dios, uno en atributos y esencia, existente en sí y por sí, sin distinción de personas y atributos.» La consecuencia natural de este principio es la imposibilidad de simbolizar la idea divina, por medio de representaciones materiales. En este punto, pues, produjo la religión mahometana una verdadera revolución en las costumbres de los árabes, puesto que, según las creencias de éstos, la idea divina podía representarse por multitud de objetos materiales.



Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".



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Otros precedentes históricos II


Favorecieron también la ruina de la monarquía visigoda, los vicios que en la organización de la misma existían. Era la monarquía entre los visigodos, según antes de ahora hemos indicado, un poder electivo, y no pudo sustraerse a
los inconvenientes que ofrecen los poderes de esta clase. Buena prueba de ello son la larga serie de revoluciones, destronamientos, asesinatos, etc., que en la historia de los monarcas godos se registra. Es cierto, que, según hicimos notar también en lugar oportuno, no era la monarquía visigoda despótica; pero no lo es menos que no se hallaba templada de un modo fijo y constante, a virtud de disposiciones legales, sino por la influencia moral que sobre todo el reino ejercían los nobles y los prelados especialmente, así como por la fuerza que los primeros representaban; y conviene advertir, que, si bien la influencia moral produce excelentes resultados, no siempre es bastante; y que la fuerza material, cuando se ejercita como límite del principio de autoridad, produce, de ordinario, los mismos males que trata de evitar. Todo esto es indudable que había de producir, como produjo, la existencia de bandos, parcialidades, divisiones, en una palabra, entre los principales elementos que debían concurrir a dar la unidad necesaria al reino visigodo.

Otra de las causas a que aludimos es la situación especial en que vivían los vencidos. La masa general del reino visigodo la formaban los hispanos, los cuales jamás dejaron de encontrarse en condiciones de inferioridad respecto de los visigodos. Bajo este punto de vista pueden notarse tres elementos que determinaron la poca resistencia opuesta a los intentos de los árabes. Una parte del pueblo hispano se manifestó contraria a su germanización, como siempre lo había sido a todo influjo extranjero. En efecto, las tribus situadas al norte de la Península, los vascos, cántabros, astures y galaicos, opusieron tanta resistencia a los visigodos, como la que en otro tiempo habían usado contra Roma, y lo prueba el hecho de que uno de los últimos monarcas, Wamba, tuvo que organizar una expedición para sujetarlos. En cambio, la mayor parte del pueblo hispano se hallaba poseído de un gran espíritu de indiferencia, pues la práctica le había demostrado, que si sabían luchar con energía contra los que pretendían dominarlos, siempre habían sido reducidos por armas no muy propias de la nobleza con que defendían su libertad. Por último, conviene tener presente, que el espíritu de desunión que en todas ocasiones existió entre las diversas tribus que poblaban la Península, hubo de manifestarse una vez más en la época a que nos referimos.

Los diversos caracteres de los pueblos visigodo y musulmán, que en aquellos momentos hacía preferible la dominación de éste sobre la de aquél, es la quinta de las causas apuntadas.
El pueblo visigodo, una vez asentado en España, perdió poco a poco con la vida sedentaria a que bien pronto hubo de acostumbrarse, aquella fuerza y vigor propia de todos los pueblos bárbaros, y en cambio el árabe aparecía a los ojos de los hispanos como un pueblo joven, en el que la guerra producía gran entusiasmo, por lo mismo que a ella le animaba sus creencias religiosas, y encajaba mejor dentro de sus costumbres y hábitos.

Entre las circunstancias de momento que contribuyeron a la caída de la monarquía visigoda, merecen citarse las disensiones que asolaron el reino, al ocurrir el destronamiento de Witiza, pues los partidarios de éste, una vez vencidos, contribuyeron, y no poco, al triunfo de las armas musulmanas, y la gran superioridad, no sólo numérica, sino en los hábitos de lucha que tenían los árabes sobre los visigodos, por el continuo guerrear a que aquellos venían acostumbrados.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".



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Otros precedentes históricos


Era España al verificarse la invasión de los bárbaros, una de las diócesis de la prefectura de las Galias, y se hallaba dividida en varias provincias, constituyendo una verdadera unidad territorial, enclavada dentro de la unidad general del imperio romano. Esa unidad se rompe, pasan por nuestro suelo los vándalos, alanos, silmgos, etc.;  se asientan en él los visigodos y los Suevos; del reino fundado por éstos, se apoderan aquéllos, en tiempo de Leovigildo, y después de este hecho, puede decirse que se constituye la unidad territorial en nuestra patria,
pues los pocos orientales que en ella continuaron, no constituían en realidad un elemento de importancia.

La unidad territorial se consiguió, pues, después que la religiosa y antes que la jurídica, siendo, por tanto, sobradamente tarde cuando se logró para que produjera sus naturales consecuencias.
Es más, al establecerse, se hizo con exceso, porque no se limitó a nuestra Península, sino a la Mauritana Tingitana y a la parte meridional de las Galias, y esta circunstancia quizás fue un peligro para esa misma unidad.

De la unidad familiar, puede decirse algo análogo a la que acabamos de indicar respecto de la unidad territorial, pues la completa separación que entre los vencidos y vencedores se estableció, a virtud principalmente de la prohibición de celebrar matrimonios entre individuos de una y otra raza, subsistió durante largo tiempo, según hemos indicado.

Igual consideración cabe hacer respecto de la unidad social, relativa al goce de las tierras y de los derechos. Al tiempo de verificarse la invasión, se dividieron las tierras en tres partes, de las cuales se reservaron dos los visigodos, eximiéndoles de toda tributación, y concedieron la restante a los hispanos, gravándola con fuertes cargas, sin que en un principio se permitiera que pasaran las de unos a los otros. Es cierto que el Fuero Juzgo borró esa diferencia, permitiendo que los visigodos poseyeran tierras de las asignadas los hispanos y viceversa, pero siempre continuaron las cargas pesando sobre la tercia romana.

Otro tanto acontecía respecto del goce de los demás derechos, pues las diferencias por razón de raza, subsistieron constantemente. Los monarcas, la clase noble, eran de la raza vencedora, y sólo los hispanos ejercieron influencia en la gobernación pública, por pertenecer a dicho elemento el clero, en su inmensa mayoría.

En cuanto a la unidad política, puede afirmarse, rigurosamente hablando, que no se logró jamás, aun cuando fueran favorables a tal corriente las tendencias que existieron desde el Fuero Juzgo, porque siempre, en más o en menos, existieron diferencias entre vencidos y vencedores.

Consecuencia de la falta de unidad que en todos los órdenes existió en la monarquía visigoda, fue la falta de unión que se observa entre los dos pueblos que la integraban: el visigodo y el hispano. Estos pueblos, nunca llegaron a fundirse, y la separación en que vivieron, hizo que no tuvieran los hispanos, al realizarse la invasión de los árabes, estímulo ninguno que les moviera a tomar parte activa en la defensa del reino, pues ellos, después de todo, sólo iban a cambiar de dominador, si los mahometanos triunfaban.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".



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Caída de la monarquía visigoda


En el examen del período anterior, hemos visto lo tardíamente que se logró la unidad dentro de la monarquía visigoda, cómo hubo de conseguirse la unidad en el orden religioso, jurídico, territorial, familiar y social, y cómo si no se logró en el político, se avanzó bastante, y casi estuvo a punto de conseguirse; mas tales resultados se alcanzaron en momentos que impidieron se obtuvieran de ellos las naturales y lógicas consecuencias.

La primera unidad que se consiguió fue la religiosa. A poco de verificarse la invasión de los visigodos, existían en nuestro suelo cuatro religiones:
  • Paganismo, profesado por los Suevos. 
  • Arrianismo, a que rendían culto los Visigodos.
  • Catolicismo, doctrina propia de los Hispanos.
  • Judaísmo, de los orientales, que aún se encontraban en mayor o menor número en España. 
Con el tiempo, los suevos se convirtieron a la religión verdadera, y aun cuando incurrieron en el error de Arrio, al ser sometidos por Leovigildo, profesaban de nuevo la religión católica, a la que rindieron culto las visigodos desde Recaredo. Desde ese momento sólo hay en España dos religiones, el catolicismo y el judaísmo. De suerte, que puede decirse que la unidad religiosa estaba lograda por el pequeño número de los que profesaban las ideas judaicas, pero era ya tarde para que tal hecho produjera sus naturales frutos. Y como si esto no fuera bastante, las herejías que en algunos momentos se hicieron, algún camino retardaron todavía el logro de las demás unidades, para las que era una gran base la religiosa.

La unidad jurídica, uno de los principales elementos para dar a un pueblo la coexión necesaria, fue también tardíamente conseguida por los visigodos.

Existía en España a la venida de los visigodos una sola legislación: la romana. Después de aquel hecho, hubo dos, como hemos visto: propia la una de los vencedores, peculiar la otra de los vencidos. Tal diversidad jurídica, sancionada primero por las costumbres visigodas y las leyes romanas, y después por los Códigos de Eurico y Alarico, subsistió hasta la publicación del Fuero Juzgo, hecho que tuvo lugar en los últimos años de la monarquía visigoda.



Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".



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De la dominación goda a la musulmana



A principios del siglo VIII existía en nuestro país fuerte y vigorosa, al parecer, la monarquía visigoda; y, sin embargo, en el año 711 cae al embate de un pueblo que por primera vez interviene en la vida de nuestra patria, de la que se apodera en breve tiempo, sin encontrar resistencia seria de parte de los visigodos, y mucho menos de parte de los hispanos. 



No es que el pueblo visigodo hubiese perdido sus elementos de fuerza y vigor, ni es tampoco que careciera de las instituciones necesarias para presentarse al nivel, cuando menos, de los demás que poblaban la Europa. Por el contrario, sus leyes eran las mejores de aquella época; la Iglesia visigoda era una de las más ilustres, cual lo acredita el nombre de prelados tan insignes como San Isidoro, San Leandro, San Eugenio y San Ildefonso, y aquella unidad, por tanto tiempo deseada, se había logrado en el orden religioso, de igual suerte que en el político y en el social.

Mas lo cierto es que, a pesar de todo ello, en una sola batalla, librada allá en el extremo meridional de la Península y no lejos de los campos de Munda, donde siglos antes dieran los españoles prueba inequívoca de su valor y de su fiereza, pereció la monarquía visigoda. Es, pues, indudable que para la realización de tal hecho, debieron existir graves causas, pues no de otra suerte cabe explicar el fácil triunfo que obtuvo sobre las huestes visigodas, un pueblo, que, como el musulmán, tan contrario era, no sólo al indígena, sino a todos los que en España habían  dominado, tanto en el orden político, como en el social y religioso.

Esas causas fueron, a nuestro juicio, las siguientes: lo tardíamente que se había logrado la unidad en todos los órdenes, y como consecuencia de ello, la falta de fusión entre los dos elementos que integraban la monarquía goda; los vicios orgánicos de que adolecía la constitución del reino visigodo; la situación especial en que se encontraban los diversos pueblos que existían en la Península; los caracteres contrapuestos de los pueblos visigodo y musulmán, que en aquellos momentos hacían preferible la dominación de éste a la de aquél; y, por último, un conjunto de circunstancias, de causas accidentales que favorecieron en el momento de realizarse la invasión, el triunfo de los musulmanes.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".


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Recursos contra las sentencias




Respecto de los documentos se establece, entre otra porción de reglas, que deben hacer fe en los juicios, los que, hechos según ley, contienen la fecha de su otorgamiento y las firmas del otorgante y de los testigos, aun cuando si aquél, por causa de enfermedad, no pudiese firmar, era válido si bien los testigos estaban obligados a presentarlo al juez o al obispo, en el caso de que el otorgante muriese antes de los seis meses siguientes al otorgamiento.

El juramento deferido se admite únicamente como medio supletorio. En punto a la sentencia, conviene notar que
los jueces están obligados á dictarla en todos los asuntos de que conozcan, salvo el caso de que no existan disposiciones legales sobre la materia objeto del pleito, pues entonces están autorizados para suspender la tramitación y consultar al monarca; son responsables de las sentencias injustas que dicten a sabiendas, por dádivas o promesas, o por no oir las alegaciones de las partes debidamente, no estimar las pruebas presentadas por las mismas, etc., etc.

También son numerosas las disposiciones contenidas en el Fuero Juzgo, en cuanto a los asuntos criminales. En ellos es de creer que los obispos no tuvieran intervención, pues por diferentes leyes canónicas vigentes ya en la época a que nos referimos, estaban privados de entender en hechos que se castigasen con pena de muerte.

Comenzaba el procedimiento por acusación querella y aun de oficio en algunos casos. En los delitos contra la propiedad, el acusador debía presentar al juez una especie de indicios de prueba; si no resultaba probado el hecho denunciado, el acusador era castigado con la pena que a aquél se impusiera, premiándole en el caso contrario. Merece consignarse, que en el procedimiento criminal consignado en el Fuero Juzgo, cuya esencia es análoga al civil, del que acabamos de ocuparnos, se rechazan de ordinario las pruebas vulgares, si bien se admite el tormento como medio de hacer confesar a los reos, y aun en algunos casos el juramento compurgatorio.

Durante el proceso, el acusado podía ser reducido a prisión, pero sólo tratándose de delitos graves. A la acusación y a la declaración del procesado, seguía el período de prueba, algo confundido en este procedimiento con aquellos actos; a éste la sentencia, y a ella su ejecución, caso de que no prosperaran los recursos contra la misma establecidos. A la ejecución de las sentencias, se procuraba darlas la mayor publicidad posible, y era misión de los sayones ejecutarlas cuando eran personales.

De lo dicho se infiere la gran superioridad del Fuero Juzgo, respecto de los códigos de la misma época, y aun de algunos de fecha posterior en punto al procedimiento, siendo el mayor elogio que de él puede hacerse, el hecho de admitir tan sólo los medios de prueba racionales cuando tanto valor se daba en otros países a las pruebas vulgares.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".



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Organización judicial



La organización judicial se hallaba entre los visigodos confundida con la administrativa. Con el nombre de juez se designaba, no a funcionarios de un orden especial, como hoy acontece, sino a todos aquellos que tenían por las leyes la misión de juzgar; de sus fallos cabía una especie de apelación en el orden civil, ante los funcionarios superiores, y en el eclesiástico, ante los obispos, pues éstos tenían facultad para revisar las sentencias que estimasen injustas, pudiendo llegar a entender de los asuntos judiciales en alzada el monarca, ya por sí, ya mediante las personas por él designadas.

El ministerio público era desconocido en aquellos tiempos; era sí preciso que en los asuntos criminales hubiese acusación, pero debía hacerla el ofendido por el delito, o algún individuo de su familia.

Existen indicios para suponer que al lado de los jueces había funcionarios especiales, depositarios de la fe pública, ante los cuales debían realizarse los principales actos de la administración de justicia, así como funcionarios subalternos conocidos con el nombre de sayones.

En el lib. II del Fuero Juzgo se contienen disposiciones bastantes completas respecto de la tramitación de los juicios. En él se establece que la comparecencia es indispensable, tanto en el denunciante como en el demandado, a quien se castiga, caso de no comparecer, pudiendo llegarse, por su ausencia, a declararle rebelde.

La comparecencia puede hacerse personalmente, o por medio de tercera persona, pero ésta ha de ser de condición igual a la de la otra parte, para evitar que, buscando el auxilio de los poderosos, se haga presión sobre los juzgadores.
Algunas personas, como el rey y los obispos, están privados por esta misma razón de seguir los pleitos por sí. La mujer necesita la autorización del marido para pleitear, el cual a su vez, necesita la de aquélla para representarla en juicio.

La demanda, así como la contestación, puede hacerse verbalmente o por escrito, y se ignora, -porque sobre este punto la ley es bastante parca-, cuántas podrían ser las réplicas y dúplicas.

En cuanto al sistema probatorio, conviene notar que es bastante racional el establecido en el Fuero Juzgo. Los medios de prueba son tres: testigos, documentos y juramento diferido, sin que el orden en que los enumeramos suponga que se daba la preferencia al primero respecto de los otros, pues cuando los testigos afirmasen cosa distinta de la consignada en un documento, debía estarse a lo que éste dijera; el orden, pues, significa tan sólo que la prueba testifical era la más frecuente, cosa natural en un período en el que la escritura era poca conocida.

Pueden ser testigos los mayores de catorce años, tanto varones como hembras; son preferidos los presenciales á los de referencias, y es preciso, para que su testimonio sea válido, que reúnan determinadas circunstancias.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".



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La falsificación y otras conductas




En punto a las falsedades, se diferencia el falso testimonio de la falsificación de documentos y de moneda y de la adulteración de los metales preciosos.

El primero se castiga haciendo pagar al ofensor lo que hubiese perdido el ofendido a causa de tal testimonio, si el falsario era de elevada condición y entregándole como siervo en otro caso.
La falsificación de documentos se castiga con azotes, pérdida de la mano derecha y una suma mayor o menor, según la importancia del escrito falsificado y la condición del autor. La falsificación de moneda se pena pecuniariamente
del mismo modo que la adulteración de metales.

Por último, se castigan los ultrajes hechos a los muertos, las violaciones de sepulturas y hechos análogos, así como los delitos de orden religioso, en los cuales, no sólo se trata de reprimir la falta de fe, sino las asonadas que los que en tal desgracia vivían solían cometer.

Las penas establecidas por el Fuero Juzgo, son unas personales y otras pecuniarias. La prisión, que sirve de base a los sistemas penales modernos, se admite sólo como excepción, aun tratándose de la preventiva. Las personales son: muerte, cegamiento, castración, mutilación, flagelación, servidumbre y destierro.
Con la pena capital se castigan los delitos más graves, como el homicidio, el asesinato y el parricidio; la de cegamiento, se aplica ordinariamente a los reos de muerte que son indultados; la de castración, en el delito de sodomía y en algún otro; para la de mutilación, se tiene en cuenta el daño causado, con objeto de hacerle sufrir semejante daño al reo. Respecto de las penas pecuniarias, conviene advertir que ya no revisten el carácter de la compensación, sino que su cuantía se halla fijada en las leyes y su importe se aplica a las necesidades sociales.

Terminado el examen que rápidamente hemos hecho de las doctrinas consignadas en el Fuero Juzgo a propósito del derecho penal, nos toca analizar las que respecto del procesal contiene.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".






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Leyes aplicables



En justo amparo a los derechos de las personas, se castiga a los violadores de domicilios, así como a los que impiden que los demás caminen. Como atentados contra las personas, se castigan el homicidio, el asesinato, el parricidio, el infanticidio, el aborto, la mutilación y las lesiones.


Respecto de los primeros, la pena es grave, de ordinario, la de muerte; en cuanto a los de mutilación y lesiones, el principio general para castigarlos es el de Talión, acompañado de la tarifación (1).

Los delitos todos contra la honestidad, se castigan gravemente por el Fuero Juzgo.

Casi todos los ataques a la propiedad, se hallan penados en el Fuero Juzgo, pues en él se castigan no sólo el robo y el hurto, sino el incendio, y los daños. El robo, cuya naturaleza especial no se distingue de la del hurto en el Fuero Juzgo, se castiga obligando a devolver la cosa y nueve veces más de su valor, si es hombre libre, y seis y cincuenta azotes, si es siervo, estableciéndose que si aquél o el señor de éste no resarcieran el daño en la forma indicada.  Se dispone, además, que el que acusa a otro de robo, debe dar al juez las señas de la cosa robada; que del robo hecho por el siervo, sea responsable el señor, si lo hizo siguiendo sus órdenes, y si algún otro lo indujo a cometerle, sea castigado también el instigador; que los cómplices y encubridores sean penados como los autores; que el ladrón sorprendido de día con la cosa robada, pueda ser matado impunemente, si hiciese resistencia, y aun cuando no la hiciese, si fuese cogido de noche; y como detalle curioso, merece citarse lo prescrito en la ley XI, tít. II, lib. VII, según la cual, «si algun omne furta la cencerra de la yegua o del buey, peche un sueldo al sennor; por la cencerra de la vaca, peche las dos partes de un sueldo; por la de la oveia, ó el carnero, o dotro ganado, peche la tercera parte de un sueldo.»

En cuanto al incendio, se distingue el de casas, del de mieses y algunos otros. A l que prende fuego a una casa ajena, se le condena a morir quemado y a resarcir con sus bienes el daño producido; al que incendia un monte, a cien
azotes, si es hombre libre, y ciento cincuenta, si fuese siervo, además de resarcir el daño; si se trata de un soto, el autor debe reponerle, y si se trata de mieses, abonar los perjuicios y diez sueldos, que se rebajan a cinco, si en lugar de mieses fuera prado cerrado. Por último, se castigan con el resarcimiento del perjuicio y una pena pecuniaria los daños hechos por los ganados en heredad ajena, así como los causados a los ganados. Se castigan también algunos delitos, propios de las ideas de aquellos tiempos, como son los cometidos por los adivinos, encantadores o provizeros, especialmente cuando mediante ellos se produce el aborto, la muerte de una persona o de ganado, o se causan daños en heredad ajena.

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(1) Como detalle curioso merece consignarse la tarifa que establecen las leyes 1 y 111, tit. IV, lib. VI, respecto del castigo de las heridas. Dicen así:
«Si el omne libre fiere á otro omne libre en qual manera quier en la cabeza, sil non sale sangre si es enchado, peche V sueldos: sil ruempe el cuero, peche X sueldos: por colpe que entre fata el hueso, X X sueldos: si quebrantar hueso, peche C sueldos. E si el omne libre esto fizier al siervo, peche la meatad de quanto es dicho de suso. E si el siervo lo fizier al siervo, peche la tercia parte de quanto es dicho de suso, é demás reciba C é L azotes. E si el siervo lagaí omne libre, peche tanto quanto deve pechar el omne libre que laga siervo aieno. E si el sennor no lo quisiere pechar, dé el siervo por los livores.»



Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".





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Estado del Derecho Penal



En los libros del Fuero Juzgo, encontramos multitud de principios de derecho penal, pudiendo afirmarse que tal materia constituye la parte más esencial de este código. 



Aun cuando existen en él pocos principios de orden y aplicación general relativamente a la  materia que nos ocupa, podemos señalar algunos. En él se afirma que únicamente el delincuente es responsable de las acciones penadas por la ley, si bien las consecuencias, en lo que al orden pecuniario se refiere, pueden alcanzar a la familia. Se afirma igualmente que a la perpetración del delito pueden concurrir varias personas, las cuales no siempre tienen igual participación en el hecho criminal, añadiéndose que los autores morales deben ser castigados de igual suerte que los materiales, así como los cómplices y encubridores. Se establece también el principio de la responsabilidad civil, estableciéndose que todo el que comete un delito, además de ser castigado, debe indemnizar los daños que hubiere producido.

Distingüese el elemento moral del material en los hechos punibles, y así, por ejemplo, se dice que no debe ser castigado el que comete un homicidio involuntariamente. En otra de sus leyes se establece el principio de la defensa como causa de exención de responsabilidad, pues se dice que «non deve seer culpado el "onme que contrasta a aquel quel quiere ferir por fuerza.»

La ley no distingue de personas en cuanto a los delincuentes: hombres y mujeres, clérigos y legos, militares y no militares, todos pueden ser castigados, si bien a determinados individuos, como a los clérigos, no pueden imponérseles ciertas penas por razón de su carácter. Se establecen diferencias respecto de este particular entre las personas libres y los esclavos, los cuales están exentos de pena, cuando obran en virtud de las órdenes de su señor. Entre las mismas personas libres se establecen algunas diferencias, ya por razón del sexo, ya por causa de la edad.

No se hace clasificación de los delitos en el Fuero Juzgo, pero en sus disposiciones encontramos castigados gran número de ellos. Los principales de que se ocupa, son: los cometidos contra el Estado y contra la persona del monarca; los que se refieren a las personas y sus derechos; los que se dirigen contra el honor y la honestidad, los atentados a la propiedad y las falsedades. Los delitos contra la persona del monarca, y los de traición, deserción, etc., se castigan de ordinario con la pena de muerte, no pudiendo, respecto de ellos, indultar el rey a los delincuentes, sino de acuerdo con los próceres.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".



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Derecho mercantil, penal y procesal



Son muy pocas las disposiciones que se encuentran en el Fuero Juzgo, relativas al derecho mercantil, y es natural que así fuera, pues ni la época en que hubo de dictarse era a propósito para favorecer el desarrollo del comercio, ni el pueblo visigodo se mostró jamás propicio, ni con aptitudes para el tráfico mercantil.


La constitución de las nacionalidades, que por entonces se iniciaba, y que entorpecía, lejos de facilitar, las relaciones mercantiles entre unos pueblos y otros, así como la escasa cultura de los visigodos, que, limitando sus necesidades, no daban calor al desarrollo de las industrias, son causas que explican la reducida esfera de acción en que había forzosamente de moverse el derecho mercantil en la época que examinamos.
De todas las disposiciones del Fuero Juzgo, sólo cuatro pueden citarse como de algún carácter mercantil: las que componen el título III del libro XI. Aparte de éstas, los principios establecidos respecto de los contratos de prenda, depósito, compra-venta, etc., pueden considerarse también como mercantiles, en cuanto es dable que revistan tal carácter dichos contratos.

Para nada se ocupa el Fuero Juzgo del comercio marítimo, por más que hable en las leyes citadas de los mercaderes de ultra portos; esto es, de los que llegaban al reino por mar; pero es indudable que sobre los puntos principales que tal comercio requiere, algunos principios debían existir, aun cuando fueran conservados por la costumbre, siendo probable que esos principios estuvieran tomados de la legislación romana ó de las prácticas observadas con anterioridad en España.

Las bases capitales sobre las que de antiguo descansaba el derecho penal de los visigodos, eran la distinción de los delitos en públicos y privados; el predominio de éstos, sobre aquéllos; el encomendarse a la venganza particular, el castigo de la mayoría de los hechos criminales; y la existencia de la pena del talión, tan en boga en casi todos los pueblos de la antigüedad. Al lado de tales principios, existían otros destinados a templar la rudeza de los primeros, como las treguas, la compensación y el asilo. Con efecto, entre los mismos germanos se acostumbraba a que, sobreponiéndose el interés público o religioso al de los particulares, no se tomara venganza alguna cuando se hallaban delante de un tribunal, en actos del culto o en las asambleas públicas. La compensación, nacida como hija de la voluntad del ofensor y ofendido, y quizás siendo mal mirada, llegó a ser sancionada por la legislación, como obligatoria para algunos delitos. El asilo, conocido de la India, de los pueblos de Oriente, y aun de la misma Roma, tomó gran incremento desde el triunfo del Cristianismo sobre las antiguas creencias. Con el tiempo, la sociedad se consideró con derecho a tomar parte de la cantidad en que la compensación estribara, y de esta creencia surgió la calona, la pena pecuniaria, que, como se ve, no aparece con el carácter de castigo, sino como nueva forma de otro ya existente.

Con un derecho penal constituido bajo tales bases, llegaron a España los visigodos, y con él, más o menos templado por la influencia que la legislación romana ejerciera sobre todas sus ideas, puede decirse que vivieron siempre.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
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El Préstamo, arrendamiento, permuta y compraventa

La contratación, apenas conocida entre los visigodos antes de su establecimiento en España, se encuentra bastante desenvuelta en el Fuero Juzgo, al menos por lo que á los actos y contratos más esenciales para la vida jurídica se refiere, pues en él aparecen reglamentados el préstamo mutuo, el comodato, el depósito, la prenda, la donación, la permuta, la compraventa, el arrendamiento de cosas y el de servicios.





La idea del préstamo mutuo, se encuentra algo confundida con la del comodato, el depósito, y aun con la del arrendamiento. Con efecto, cosas encomendadas pueden ser las fiadas en depósito, y aun en comodato; emprestadas son las dadas en préstamo mutuo, y también en comodato; y alegadas, las dadas en arrendamiento;
y de todas ellas conjuntamente se ocupa el tít. V, lib. V, que se denomina de las cosas encomendadas y emprestadas. Se habla del que presta pan, vino, aceite u otra cosa semejante, lo cual indica que se reconoce la verdadera naturaleza del préstamo mutuo que, como es sabido, no puede versar más que sobre cosas funibles.
Respecto del préstamo con interés, se establece como máximum una cantidad análoga al doce y medio por ciento, cantidad que puede llegar a la tercera parte del valor de la cosa prestada, cuando el contrato verse sobre especie
Como indicación referente al comodato, se dice que «si alguno empresta su cavallo ó su yegua, ó su muía ó otra animalia», y muriese naturalmente, en poder del que la recibiera, éste no tiene obligación alguna; pero que si la muerte fuere ocasionada «por muchas feridas, ó por grand carga, ó por grant trabaio, peche otra tal animalia al sennor della».
En cuanto al depósito, viene a establecerse igual doctrina que respecto del comodato para el caso de que la cosa objeto del contrato se pierda por fuego o cualquier otra calamidad, pues se dispone que únicamente se halle obligado el depositario a devolver una cosa análoga a la pérdida, cuando hubiere salvado las suyas del siniestro o cuando aquéllas fueren oro o plata substancias que, según el texto a que aludimos no pueden arder.

Algunas indicaciones se encuentran también respecto de la prenda, y aun pudiéramos decir que de la hipoteca, pues se prohíbe el empeño del patrimonio, lo cual es evidente que no podía tener lugar por medio de aquélla. En cuanto a ésta, se establece el principio de que el acreedor pueda vender la cosa objeto de ella, si requerido el deudor, no solucionase el crédito para cuya garantía fue constituida.

Las donaciones son una de las materias tratadas de modo más completo en el Fuero Juzgo. Se distinguen las donaciones inter vivos de las niortis causa; se habla de las donaciones hechas por el rey, por los señores a los vasallos, por el marido a la mujer y viceversa, por los padres a los hijos, y aun de las hechas a favor de extraños, estableciéndose la revocación por ingratitud del donatario y su validez desde que se entrega la cosa donada, o se hace constar la donación por escrito o ante testigos.

De la permuta se habla al mismo tiempo que de la compraventa, si bien la naturaleza especial de ambos contratos aparece perfectamente definida. A diferencia de lo que hacía el derecho romano, no se admite la nulidad del contrato por lesión; se considera perfecto, desde que se entrega el precio o desde que se promete por escrito o ante testigos: y se hacen algunas indicaciones respecto de las arras dadas en señal de la perfección del contrato, así como respecto de la compraventa de inmuebles, animales, ganados y muebles.

El arrendamiento se sanciona bajo sus dos formas: arrendamiento de cosas y arrendamiento de servicios. El primero aparece algo confundido, según hemos indicado, con la teoría del préstamo, comodato y depósito, con el cual también aparece mezclada la idea del seguro. No existe este último en el orden doméstico; pero sí el arrendamiento de servicios de esclavos ajenos. En el tít. I, libro XI, que lleva por título De los físicos e de los enfermos, se establece que aquéllos pueden contratar con éstos los honorarios de su asistencia, los cuales dejarán de cobrar si el enfermo muriese, y se dictan otras varias medidas, todas ellas a cual más curiosas relativas a lo que en último caso no es otra cosa que un arrendamiento de servicios.

Aun cuando del contrato de fianza nada se dice en el Fuero Juzgo, se habla de los fiadores en algunas leyes; por ejemplo, al establecer que los médicos pueden convenir con los enfermos los honorarios de su asistencia, se dice que aquéllos podrán exigir fiadores.

Respecto de los cuasi contratos, apenas existe indicación alguna en el Fuero Juzgo, y si bien en él se reconoce que los actos ilícitos pueden producir obligaciones, no se habla en particular de los delitos y cuasi delitos bajo ese aspecto. No existen tampoco teorías aplicables a la extinción de las obligaciones, sin embargo de lo cual se establece que pueden acabarse por el pago, la novación y la pérdida de la cosa.

Se relaciona directamente no sólo con la idea de la contratación, sino con la de la testamentaria, y aun con la de las capitulaciones matrimoniales, lo que se conoce con el nombre de Fórmulas visigóticas, y que no son otra cosa que una colección incompleta de reglas o disposiciones encaminadas a prevenir la manera cómo se habían de redactar los documentos o escrituras públicas. De suerte, que, más que otra cosa, son las Fórmulas visigóticas una colección de modelos para la redacción de instrumentos públicos. No hay dato alguno cierto para determinar la época en que debió formarse esta colección; pero la generalidad de los autores suponen que fué obra de un notario de Córdoba, el cual debió realizar su trabajo en el reinado de Sisebuto.

A Eugenio Koziére se debe el descubrimiento de este manuscrito, pues él lo encontró en la Biblioteca Nacional de Madrid, y lo publicó bajo el título de Formules wisigothiques inedites, el año 1854. Están escritas en latín, y parte de ellas se refieren a la legislación romana, parte a la visigoda, y aun algunas a la legislación que, ya en tiempos posteriores, se estableció sobre algunas materias con carácter obligatorio para ambas razas. La XX ofrece la particularidad de hallarse escrita en exámetros.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
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La legítima

De los bienes que hubieran recibido los padres del rey o señor, podían disponer libremente; de los dotales, tenían que dar las tres cuartas partes a los descendientes; y en cuanto a los restantes, las cuatro quintas partes constituían la legítima de los hijos, y el quinto era de libre disposición.



La legítima se repartía por igual entre los herederos, pero el padre podía dedicar la tercera parte de su importe a mejorar la suerte de uno o varios de ellos. Admitió también el Fuero Juzgo la teoría de la desheredación, complemento obligado de las legítimas, pues si justo es que el padre no prive a los hijos arbitrariamente de sus bienes, también lo es que pueda privarles de ellos, y aunque sea la ley la que tal haga, cuando el mal comportamiento de éstos, autoricen tal conducta.

La desheredación se halla, según se infiere de lo dicho, completamente desarrollada en el Fuero Juzgo; no así la teoría de las indignidades, de la cual sólo se encuentran algunas indicaciones.

No deja de ser curioso que siendo la legítima romana pequeña, la cuarta parte del caudal del testador, y el precedente visigodo desde que este pueblo conoció la sucesión testamentaria, la absoluta libertad de testar, estableciese el Fuero Juzgo la legítima de los cuatro quintos, que ha sido la vigente, hasta la publicación del moderno Código civil. Tampoco deja de presentar alguna novedad la institución de las mejoras, pues si bien es cierto que antes del Fuero Juzgo cabía la posibilidad de un desigual reparto de la herencia entre los hijos, por ejemplo, mediante el legado por precepto, no lo es menos que tal como se halla organizada en ese código, es la primera vez que la encontramos en España.

La sucesión intestada, está considerada por el Fuero Juzgo como supletoria de la testamentaria, pues sólo cuando una persona no había dispuesto de sus bienes para después de la muerte, pasaban aquéllos a los parientes más próximos, según terminantemente se expresa en la ley IV, tít II, lib. IV, que dice:
«La buena daquellos que mueren que non fazen testamiento, ni ante testimonios, ni por escripto, los que afueren más propinquos deven aver la buena.»
Se llamaba en primer lugar a los descendientes, en segundo a los ascendientes, en tercero a los colaterales, y en último término a diferentes personas.
Dice la ley II, tít. II, lib. IV, que «en la heredad del padre vienen los fiios primeramientre. É si non oviese fiios, devenlo aver los nietos, é si non oviese nietos, devenlo aver los bisnietos.» 
La única observación que cabe hacer respecto de la sucesión de los descendientes, pues el orden como sucedían, bien claramente lo determina el texto, es que los varones no tenían preferencia alguna sobre las mujeres, y que a diferencia de lo que ocurría en la legislación romana, no cabía el derecho de representación dentro de los principios sancionados por el Fuero Juzgo, de donde se deduce que no se podía heredar in estirpe, sino in capíe. Sin embargo conviene notar que aun cuando no era muy necesario, pues la lógica lo impone, se establece que los hijos de diverso padre y de una misma madre, y los de diversa madre, pero de un mismo padre, heredaran cada uno a su padre o madre respectiva.

La ley últimamente citada, añade que «si non oviere fiios, ni nietos, ni padre, ni madre, desvento aver los avílelos». De modo, que, en defecto de los descendientes, se llama indirectamente a los padres, y después de ellos y de una manera explícita, a los abuelos. Conviene advertir, que los abuelos heredaban por partes Iguales, fueran en la línea paterna o de la materna, pues todos conjuntamente y hecha abstracción de su número, heredaban al nieto en los bienes adquiridos por éste; pero los que él hubiese heredado, debían pasa a la rama de donde procedieran. A falta de ascendientes y descendientes, sucedían los bienes, después de los tíos y sobrinos, y, en último lugar, los demás parientes hasta el séptimo grado.

El último llamamiento que se hace, es excepcional y extraordinario, y se hallaba establecido a favor del cónyuge viudo y de los clérigos, cuando no existiesen parientes de grado inferior al séptimo. A los primeros, pasaban en tal caso los bienes del cónyuge difunto, y los de los segundos, así como los de los monjes y monjas, a la iglesia en que servían.

Nada se dice respecto de las personas a quienes había de pasar la herencia en defecto de todas las enumeradas, siendo de suponer que en tan improbable caso heredara el Estado.

Por último, conviene notar que se concedía en usufructo a la viuda una porción igual a la que en propiedad recibiesen los hijos de la buena del padre, mientras no contrajese nuevo matrimonio.
Para terminar la materia de sucesiones, resta sólo indicar que en el Fuero Juzgo se encuentran algunas indicaciones respecto de las reservas, de las particiones y de algunos otros puntos que son comunes tanto a la sucesión testamentaria, como a la intestada.


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
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Derechos reales y personales. Testamentos y Donaciones.

Respecto de las cosas, conviene notar que, si bien no se contiene en el Fuero Juzgo una clasificación formal de las mismas, ni era fácil que existiera, dado que no fue redactado con arreglo a principios científicos, existen en él los bastantes elementos para deducir que en rigor se distinguían los diversos caracteres que las cosas pueden ofrecer.



Con efecto, en él se habla de las cosas que están en el comercio de los hombres y de las que no lo están; de las comunes, públicas, de corporación, religiosas y sagradas, así como de las apropiadas y nullius; de las muebles, inmuebles y semovientes; de las cosas de los godos y de las de los hispano romanos; de las universales y de las singulares; de las fungibles y no fungibles; de las divisibles e indivisibles; de las litigiosas y no litigiosas, etc., etc.
De modo, que, reuniendo las indicaciones que se hallan en diversas leyes, podría establecerse fácilmente una clasificación de las cosas, bastante perfecta por cierto.

Distínguense los derechos reales de los personales, aun cuando sin establecerse tampoco la oportuna clasificación de unos y otros. La propiedad había sufrido ya una grave transformación entre los visigodos. Conocían éstos, antes de su establecimiento en España, la mueble, la de los ganados, vestidos y alimentos, y aun quizás la inmueble, bajo una de sus primitivas formas, la propiedad del domicilio; pero a poco de asentarse en nuestro suelo, la conocieron y dieron gran desarrollo bajo sus diversas formas.

Al lado de la idea de propiedad, consigna el Fuero Juzgo la de la posesión y la de los modos de adquirir, encontrándose en varias de sus leyes, indicaciones bastante completas, respecto de todas estas instituciones. En la ocupación, que se reconocía, tanto respecto de la caza y pesca, como respecto de los objetos propios del enemigo, esto es, la ocupación bélica, se exigían los dos requisitos de la doctrina romana, la aprehensión material y el animus. Mediante la accesión, se reputaban del dueño de fincas, ganados o esclavos, los productos de los mismos.  Respecto de la tradición, se admitían las diversas maneras cómo las cosas pueden pasar del poder de unos hombres a otros. En punto a la prescripción, se exigían treinta años de ordinario, cincuenta en los bienes de menores o de pueblos y cuando se trataba de la libertad; además se consideraban imprescriptibles los bienes
de la Iglesia. Existen también algunas indicaciones respecto de otros derechos reales. Por ejemplo, se habla de las servidumbres de pasaje y de pastos, estableciéndose regias tanto para el paso público, como para el de particulares, y se asienta el principio de que las heredades no pueden cerrarse, y que aun estando cerradas, sea lícito que pasten los ganados en ellas, una vez levantados los frutos.

Hemos indicado antes de ahora que si bien los visigodos no conocían primitivamente la sucesión testamentaria, se usaban de antiguo entre ellos ciertas donaciones, a las que quizás pudiera aplicarse con mayor o menor propiedad el calificativo de inortís causa, toda vez que sus efectos iban más allá de la vida del donante. Hubieron, pues, de aceptar los testamentos de los hispanos, entre los cuales ya se conocían, puesto que el Código de Eurico, primer monumento de la legislación visigoda, admite la forma de sucesión a que aludimos.

El Fuero Juzgo no sólo distingue con entera claridad la sucesión testamentaria de la legítima, sino que establece multitud de reglas sobre los principales puntos que una y otra comprenden. He aquí las principales disposiciones que contienen, respecto de la primera.

Tienen capacidad para otorgar testamento, los mayores de catorce años y aun los que hayan cumplido diez, siempre que se encuentren enfermos o en cualquier peligro de muerte, añadiéndose que el testamento otorgado en tales condiciones, no será válido después que el peligro pase, si no fuere ratificado por su autor al llegar a la edad señalada.

Todos los ciudadanos son capaces para suceder por testamento; las mujeres, heredan en igual proporción que los hombres, siempre que se hallen en el mismo grado, y no se distinguen las sucesiones universales de las singulares, esto es, la herencia de los legados.

Se reconocen cuatro formas de testamentos, que en rigor, pueden reducirse á dos; una por escrito y otra de palabra, y considerarse como testamentos nuncupativos.  Son las siguientes:
  1. Escrito por el testador ante testigos y autorizado con la firma de aquél y de éstos. 
  2. Escrito por el testador, ante testigos y con la firma de éstos, o sólo la de aquél. 
  3. Escrito por una tercera persona, á ruego del testador, por no saber éste escribir, ante testigos y con la firma de éstos; y ante testigos, oralmente. 
No se determina en ninguna de esas formas el número de testigos, sino que se usa únicamente la palabra testimonias, de donde parece inferirse que bastaría fueran dos.
Esto y alguna indicación que se hace del testamento ológrafo, es lo que sumariamente expuesto contiene el código que examinamos, respecto de las formas de testar.
Dentro de los seis meses siguientes al otorgamiento del testamento, debía ser éste presentado ante el obispo, castigándose a los que no cumplieran tal obligación, así como a los que ocultaran la disposición testamentaria al instituido heredero.

No se establece distinción entre los testamentos y codicilos, ni era preciso que se admitieran éstos, pues los hacían innecesarios las escasas formalidades que exigían los primeros.
Como no se admitía la tutela testamentaria, ni cabía que hablase del reconocimiento de hijos ilegítimos un código que para nada se ocupa de la descendencia ilegítima, ni existían diferencias entre la herencia y los legados, claro es que el contenido de los testamentos, hallábase reducido a la distribución de los bienes del testador.

La omnímoda libertad de testar, proclamada por el Fuero Juzgo, hallábase limitada por las legítimas. En la ley I, tít. V, libro IV, se deroga otra antigua, por la cual podían los padres y abuelos repartir su buena como quisieran, así como la madre sus arras, y se establece que «el padre non puede desheredar los filos ni los nietos por culpa»; «mas puédelos ferir é castigar mientre que son en su poder». «Mas si el fiio ó la fiia, ó el nieto ó la nieta fiziere grand tuerto ó granel desondra al padre, ó á la madre, ó al avuelo, ó al avuela quel dé con palma, ó con punno, ó con coz, ó con piedra, ó con palo, ó con correa, o tira por el pie, por la mano, ó por los cabellos desondradamientre; ó si lo denostó en conceio, estos, tales deven recebir cada uno L azotes delantre el iuez; y el padre ó la madre, y el avuelo ó el avuela los pueden desheredar si quisieren.»


Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".


Es propiedad del Autor. 
Queda hecho el depósito que marca la Ley

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